¿Leyes de Mercado o Clasismo en las políticas públicas?

Aunque parezca sesentera la pregunta, me he decidido a escribir sobre este tema para llamar la atención acerca de varias obras públicas que se han materializado en sectores populares del Gran Santiago y que, no les quepa duda, no habrían tenido las mismas condiciones de diseño y calidad si su localización hubiese estado en sectores más acomodados.

Les cuento, por ejemplo, que hace unos días crucé en el auto Avenida Santa Rosa, a la altura del paradero 17, donde se intersecta con Lo Ovalle. Ahí pude apreciar cómo se está realizando el proceso de expropiación de la parte de las viviendas que se requiere eliminar para ampliar la calle, cuestión absolutamente necesaria si se considera que esa avenida conecta con el centro de la ciudad a la populosa zona sur de la capital. El asunto es que muchas de las casas de los vecinos de esa avenida van a quedar prácticamente encima de este futuro eje estructurante del Transantiago y tendrán que soportar sus consecuencias “en primera fila”. Supongo que, por ahorrarle unos pesos al fisco, a los eficientes funcionarios que tomaron esta decisión les pareció razonable comprarles sólo el antejardín, el 20, 30 o 50 por ciento de su casa a estos santiaguinos, pese a que con esto los condenaban a una disminución sustantiva de su calidad de vida, desaprovechando de paso la posibilidad de un mejoramiento global de uno de los sectores más feos de la ciudad.

Un par de años atrás, en el mismo sector, pero esta vez desplazándome por avenida Lo Ovalle hacia el oriente, me encontré con otras obras de ampliación, en este caso esta calle pasaba a ser de doble vía, cuestión de suyo necesaria, pero que se trasformaba en una pesadilla para numerosos vecinos que veían cómo su antejardín quedaba, en algunos casos, sin ningún otro deslinde de la nueva avenida que su propia reja ¡sin ni siquiera la vereda! La solución en este caso fue extremadamente creativa y sin ninguna preocupación por la estética: frente a cada casa perjudicada instalaron barreras de protección metálica, con reflectantes y todo.

¿Creen ustedes que el Metro se atreverá a diseñar estaciones con andenes tan estrechos como los de las nuevas estaciones de la línea 4 A, en la prolongación de la línea 1 hasta Los Dominicos? ¿Habrán pensado en abaratar los costos de esa misma extensión construyéndola en altura?

Bueno, para que decir lo de las casas Copeva o las casas “Chubi”, que al menos debieran haberle costado la expulsión de esta Capitanía General a los arquitectos del MINVU. (a propósito, a diferencia del Colegio Médico o del Colegio de Profesores, nunca he leído que el Colegio de Arquitectos someta a los tribunales de ética de la orden, a los cuestionables profesionales que han estado detrás de estas “obras” o, por ejemplo, del diseño de un montón de los edificios de la renovación urbana de Santiago).

¿Creen ustedes que los ingenieros que han planteado estas “soluciones” urbanas y que los altos cargos que toman estas decisiones, habrían actuado de igual forma si estas “soluciones” estuvieran en “su” barrio o afectaran a sus propias casas o a las de algún vecino “poderoso”?

Tengo la leve impresión de que en nuestro país se ha ido construyendo una “trenza” de intereses transversal, con raíces profundas y con una conciencia de si misma muy potente. La segregación territorial que por años se ha ido consolidando en nuestras ciudades, tiene un fuerte correlato en la forma como se estructura nuestra sociedad, en la que no se ha logrado superar una tendencia oligarquizante, de la que estos pocos casos que comento son una empírica demostración y que además permite constatar escasa sensibilidad social. Evidentemente nuestro modelo de desarrollo económico, que no apunta a corregir la desigualdad, y nuestra institucionalidad política, que fomenta el protagonismo de una elite política cerrada, sostienen esa tendencia. En el primer caso, el de las políticas públicas, el Metro es un buen ejemplo: con la construcción de la línea a Puente Alto se mejoró el transporte para los vecinos de esa área de la ciudad, pero al costo de aumentar la segregación de la polis, consolidando a todo el entorno de la avenida Vicuña Mackenna como un barrio de segunda.

Numerosos autores afirman que la eficacia de un gobierno debe también medirse por la capacidad que tiene de defender los intereses de los grupos más débiles de la sociedad y, como consecuencia, de imponer medidas que impliquen costos para los más poderosos.

Hace un año estoy viviendo en Ñuñoa, una de las comunas con los barrios más dignos del país y acá están instaladas dos polémicas: la desbocada construcción de edificios (de horrorosos diseños) que no respetan su entorno (y la consecuente destrucción de hermosas casas y barrios), promovida por el eficiente Alcalde Sabat, y la eventual construcción a nivel de superficie de la etapa correspondiente de la autopista de Vespucio. Creo que la defensa del estilo urbano de la comuna es casi una quimera, dada la fortaleza electoral del actual alcalde y de la consolidación de un electorado de derecha que comulga con esta chata visión del desarrollo. Respecto a la Autopista creo que no todo está perdido, ya que entre los vecinos de La Reina y Ñuñoa hay muchos conspicuos vecinos que pueden echar una mano, en la tarea de convencer a las autoridades del MOP de que es mejor construirla bajo tierra. Bien por los que vivimos en el sector, pero me da un poco de pudor si comparo esta situación con lo que han padecido los vecinos de La Florida, claro, que ya tienen Metro, pero simultáneamente una mole de cemento frente a sus ventanas, o con los de Huechuraba, o los de Puente Alto, San Joaquín, San Ramón o La Granja. ¿Serán los costos de la modernidad? Creo que no, se trata de decisiones erradas. Así no se construye ciudad ni sociedad cohesionada.